François Blot y Bernard Kouchner: “Que sea el paciente libre de decidir sobre su final, no el médico en su lugar”

El 12 de mayo, la Asamblea Nacional abrió el debate sobre el final de la vida y la muerte asistida . Hace ochenta años en Francia se creó la Seguridad Social y las mujeres votaron por primera vez . Por supuesto, se necesitaron circunstancias históricas excepcionales para que una unión nacional, por breve que fuera, estableciera dos avances sociales centrados en la justicia y la solidaridad. Hoy se presenta una oportunidad única para que esa armonía, que ayer iba de los comunistas a los gaullistas, vuelva a atravesar la Cámara, de izquierda a derecha.

Hace cincuenta años entró en vigor la ley Veil sobre el aborto y la unidad, incluso parcial, demostró una vez más su fuerza, trascendiendo las divisiones políticas. Esta movilización interpartidaria es posible nuevamente. Hace veinte años, la ley Leonetti, con su prohibición de la obstinación irrazonable, estaba en sintonía con la ley fundadora del 4 de marzo de 2002 , que había protegido los derechos de los pacientes: a ser informados de forma justa, a consentir de manera informada, a poder negarse.

A su vez, el año 2025 podrá integrar en la ley la petición última de determinados enfermos, como ya habíamos previsto en 2002, un nuevo derecho enmarcado en la sabiduría del legislador y en la ética de los cuidadores. El alto precio pagado desde los años del SIDA, a través de varias décadas de lucha por el reconocimiento de la autonomía, de los conocimientos, de los valores y de las preferencias de los pacientes, de su libre voluntad, nos autoriza hoy a incluir esta última reivindicación en el ámbito de la democracia en salud.

Es hora de que este siglo, tan parco en sorpresas agradables, entregue finalmente una gran ley de libertad, digna del país que redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No demos más la espalda a aquellos que son eternamente ignorados por el digno apoyo al final de la vida, y que nadie los describa como una proporción insignificante ("para la cual no legislamos"): ya sean 400 o 4.000 de ellos por año (rango de estimaciones bajas y altas del Instituto Nacional de Estudios Demográficos en 2010). No se trata de una ruptura antropológica, ni de una entrada incontrolada en la regla de una transgresión, ya ampliamente practicada pero oculta bajo la alfombra: se trata de reconocer y regular un acto hasta entonces arbitrario y clandestino.

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